Se ha dado a conocer el más reciente borrador del ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), que refleja los más recientes cambios de una semana intensa de trabajo en Washington.
Los países que firmen el Acuerdo Comercial contra la Piratería no estarían obligados a imponer responsabilidad subsidiaria a los proveedores de servicios de Internet (ISP) por las supuestas infracciones de derechos de autor cometidas por sus clientes.
Anteriormente, los proveedores podían ser responsables si sus clientes llevaban a cabo estas acciones y no actuaban con la suficiente celeridad cuando los titulares de derechos de autor solicitaban que se evitasen estas descargas, según el portal TorrentFreak.
EE.UU. descartó sus demandas sobre la responsabilidad para los ISP, pero continúa presionando para establecer reglas para crear un candado digital a través de una Super-DMCA que vaya más allá de las amenazas de Internet hacia las organizaciones mundiales propiedad intelectual, mimas que incluso fueron rechazadas en las cortes de EE.UU.
La DMCA (Digital Millennium Copyright Act) es una ley de copyright de Estados Unidos de América que implementa dos tratados del año 1996 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Esta ley sanciona, no sólo la infracción de los derechos de reproducción en sí, sino también la producción y distribución de tecnología que permita sortear las medidas de protección del copyright (comúnmente conocidas como DRM); además incrementa las penas para las infracciones al derecho de autor en Internet.
El borrador, publicado por Knowledge Ecology International obligaría a los países firmantes a permitir que las autoridades pertinentes puedan ordenar a los proveedores que desvelen las identidades de los clientes sospechosos de vulnerar material con copyright a los titulares de derechos de autor.
Asimismo, esos países también estarían obligados a proporcionar “soluciones para prevenir las infracciones y recursos que constituyan un elemento de disuasión de nuevas infracciones” y evitar “tecnologías que pueden utilizarse para facilitar una infracción generalizada”.
A los participantes también se les alentaría a “promover los esfuerzos de cooperación de la comunidad empresarial” para abordar con eficacia las infracciones preservando al mismo tiempo “la competencia legítima, la libertad de expresión, un proceso justo y el derecho a la intimidad”.
El texto refleja desacuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre el alcance del documento. Mientras los primeros consideran que solo debe ser aplicada en relación al copyright y las marcas registradas, los europeos consideran que ACTA debería ser aplicada a todo lo relacionado a la propiedad intelectual.
En el último borrador también se hace énfasis en un soporte general para la implementación global de la ley de los “3 strikes”. Esta ley permitiría a los gobiernos dejar sin internet a una casa si alguno de los integrantes de la familia es acusado (sin pruebas necesariamente) de descargar contenidos con derechos de autor.
Por el momento los países que negocían el ACTA son: Estados Unidos, todos los países miembros de la Comisión Europea, Suiza, Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y Canadá.
Eurodiputados europeos han reunido hoy 369 firmas contra el tratado ACTA después de que salieran a la luz borradores en los que se apuntaban como medidas contra la piratería el rastreo de comunicaciones o la vigilancia y bloqueo de los clientes en su acceso a Internet por parte de los proveedores.
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